Se debe privilegiar a la ciudadanía para designar Fiscal Anticorrupción

Se debe privilegiar a la ciudadanía para designar Fiscal Anticorrupción

El Frente Ciudadano Anticorrupción, consciente de la urgencia de que San Luis Potosí cuente con un auténtico Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, conocido como Fiscal Anticorrupción, considera necesario advertir que tal urgencia no corresponde ni a la que desde el Poder Ejecutivo los impulsa a operaciones vergonzosas como las que han señalado algunos diputados en el sentido de que hasta les han ofrecido dinero para que voten por el candidato del interés del gobernador Juan Manuel Carreras López, ni a la que desde el Poder Legislativo manifiestan desde la que condicionan el nombramiento a una mal entendida autonomía para la Fiscalía Anticorrupción que, en tanto no establezcan mecanismos que la garanticen, constituye una perversa simulación o, en caso de no ser esa la intención, exhibe una preocupante ignorancia y descuido para proteger los intereses de la sociedad.

Los actos del Ejecutivo son indudablemente reprobables. Los de los diputados sólo tienen la apariencia de un alcance democrático que las experiencias, tanto locales como nacionales, han mostrado su nula efectividad. Se pronuncian en el Legislativo por dar autonomía técnica, financiera y de gestión a esa Fiscalía Anticorrupción, como si en automático al incorporar esos conceptos al texto constitucional transformara un ente encubridor de los intereses de los poderes formales y fácticos en un auténtico vigilante de los intereses de la sociedad. El más vergonzoso ejemplo de esa falacia está en Federico Garza Herrera, fiscal General del Estado, quien al ser nombrado hizo alarde con una autoproclamación como autónomo, y hoy sus cuentas muestran mayor sumisión a los intereses que impiden una verdadera procuración de justicia en el Estado.

De poco sirve declarar autónomo en el texto de la Carta Magna del Estado a un órgano como la Fiscalía Anticorrupción si no se establecen las medidas necesarias para garantizar que quien ocupe el cargo cuente con la legitimidad democrática que sólo le puede aportar una real participación de la ciudadanía, frente a quien debe ser responsable y a quien debe rendir buenos resultados. Mantener un esquema de nombramiento como el que hoy se encuentra en proceso, aun sin respetar los plazos formales del texto constitucional, sólo da pie a espectáculos degradantes como el que en los últimos días han protagonizado el Ejecutivo y el Legislativo. El resultado no puede ser otro que un Fiscal Anticorrupción carente de legitimidad, sin independencia y claramente sometido a los intereses y voluntad de quienes lo designaron.

Proponer autonomía sin garantizar legitimidad democrática en el nombramiento, por la perversión en la que incurren los titulares del Ejecutivo y del Legislativo, y sin garantizar independencia porque esa perversión lo condiciona para responder a los intereses de quienes lo nombraron, es la forma en que los diputados pretenden mantener el esquema de impunidad que han hecho prevalecer. El más claro ejemplo, insistimos, es la Fiscalía General del Estado y la creciente impunidad alentada por el gobernador Juan Manuel Carreras López.

En su momento, como Frente Ciudadano Anticorrupción intentamos un ejercicio de participación ciudadana al convocar a comparecer públicamente a los personajes propuestos por el Ejecutivo al Legislativo para nombrar al actual Fiscal General del Estado y al malogrado Fiscal Anticorrupción. El resultado, aunque desalentador, logró exhibir la forma en que, desde los controles palaciegos, se operó para impedir la comparecencia de los convocados. Se demostró que la participación ciudadana le estorba a quienes están obligados a actuar como representantes de la ciudadanía.

El Frente Ciudadano Anticorrupción se pronuncia por que, además de dotar de autonomía declarada en la Constitución Política del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, se excluya de su nombramiento al Ejecutivo y al Legislativo, y se establezca un mecanismo que privilegie criterios basados en los méritos de quien sea nombrado y se abra a la mayor participación posible de la ciudadanía. Sólo con una auténtica legitimidad democrática en su designación se podrá lograr una fiscalía con la autonomía y la independencia que le permitan enfrentar los poderes formales y fácticos que hoy la someten, y responda sin dudar a los intereses de la población.

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