
Miércoles 13, marzo de 2013.- Se suele decir con atino que “el que calla otorga” y durante cierto tiempo la administración municipal de Mario García Valdez ha callado.
Al menos es el caso de la investigación iniciada a la administración de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, acusada de desviar fondos públicos por más de 575 millones de pesos.
Una averiguación que costó esfuerzo abrir y que ponerle fin parece costar más. Razones importantes, suficientes y necesarias habrá. De otra forma no se explica tal postura ni aún con argumentos de carácter administrativo como los que esgrime la contraloría municipal.
Una denuncia severa, preocupante, grave, que atrajo la atención pública, y que por la misma razón no deja de ser persistente, mediática y hasta especulativa a decir de algunos funcionarios encumbrados en la cúspide de la estructura municipal.
La administración García Valdez, ha preferido entonces silenciar la voz y levantar la sospecha. Ha decidido callar y encarar el examen riguroso y legítimo del escrutinio público.
Un escrutinio público, siempre al asecho, siempre atento, siempre observante de las decisiones políticas que le interesan y que le afectan.
El alcalde García, ha optado entonces por prolongar la espera para dictar final al muy vistoso capítulo de la ex alcaldesa potosina. Una servidora pública que va a la baja y que fue tentada presumiblemente, por los encantos del erario público al igual que algunos de sus colaboradores.
No tocar el tema Labastida, parece ser el llamado, parece ser la línea trazada, parece ser la constante a seguir. La estrategia de comunicación puesta en práctica, lo delata.
A los cuestionamientos sobre el caso, se ofrecen respuestas incomodas y hasta incontestables. La actitud escurridiza y cargada de opacidad de las autoridades del Ayuntamiento capitalino, lo pone al descubierto.
Una estrategia de cerrazón, de cero comentarios, de absoluto alejamiento de una realidad que no quiere ser vista o que no desea ser cuestionada. Alejarse del tema lo más posible tiende a ser la salida, de momento.
Tal vez porque las investigaciones del caso son delicadas y merecen discreción y cautela como lo ha dejado ver María del Carmen Aranda Manteca, contralora de la administración municipal. Postura que no convence.
Los desmarques
La contralora Manteca parece querer desmarcarse del caso. Deja ver que no es tema para conversar ni para para informar, como si el asuntito hubiera sido agotado o como si a los ciudadanos no les importara.
Para la funcionaria, su dependencia no tiene facultad legal para fincar responsabilidades penales porque tiene un espíritu meramente administrativo. Una respuesta que finalmente no convence, que no atrae, que no prueba nada.
Lo mismo hace Manuel Lozano Nieto, Secretario del Ayuntamiento capitalino quien ha decidido alejarse del tema porque se ha vuelto incomodo o especulativo como a su parecer lo exhibe.
Así las cosas, la ausencia de transparencia en la investigación, viene a poner en duda la palabra de la autoridad, viene a poner en tela de juicio su legitimidad.
Y esta lamentable circunstancia viene a decepcionar a una sociedad potosina que espera que sus gobernantes le rindan cuentas de las decisiones que toma, sin dejar espacio a la duda, sin dar lugar a la sospecha, sin hacer a un lado la transparencia.
Unos ciudadanos que sólo piden que se les diga la verdad, que se les diga como va el curso de las cosas, que se les informe. Finalmente es su derecho y es obligación de la autoridad hacerlo.
O habrá compromisos pactados y pase de facturas. Sería lamentable, muy lamentable que esto ocurriera.
A veces el silencio delata complicidad, delata encubrimiento, delata impunidad. Un silencio a veces corrupto y corruptor que nadie desea, ¿o si? El tiempo lo dirá.
José Ignacio Dávila Álvarez es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) donde cursó la carrera de Diseño Gráfico. Es periodista desde 1985. Fue titular de XHSLS TV, Canal 9 en San Luis Potosí, (México) y ejecutivo de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A.C. Ha sido catedrático universitario y funcionario público. Es directivo del Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis, A.C.

















