La comunidad de Tamaletón, municipio de Tancanhuitz, SLP, denunció que, de nueva cuenta la Secretaria de Bienestar comete abusos, pues sin tener una competencia legal la coordinadora de bienestar en dicho municipio, Gloria Martínez Jerónimo, emitió una convocatoria para realizar la asamblea comunitaria del Fondo de Aportaciones para infraestructura Social para comunidades indígenas, no siendo ella una autoridad comunitaria. Además la citada servidora pública no respeta los plazos que los propios lineamientos estipulan para tal fin, que son por lo menos 5 días de anticipación.
El martes 3 en la tarde, le entregaron la convocatoria al Delegado de Tamaletom para que se hiciera la reunión el día 5, pero el Delegado fue a la oficina municipal de Bienestar de Tancanhuitz a cancelar el día 4, y a reprogramarla para el 9 de junio a las 15 horas. Se agrega que la coordinadora de Bienestar no respeta los lugares en los que se acostumbra sesionar por la comunidad e impone otras sedes.
Tanto la Secretaria de Bienestar como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, son quienes deben atestiguar dichas asambleas donde se elegirán los comités de administración y vigilancia del FAIS, sin embargo, pese a los reclamos, continúan los abusos usurpando atribuciones que solo son competencia de las autoridades comunitarias, como lo es, el convocar a la asamblea general comunitaria. Tanto la presidenta de la república como los lineamientos del programa establecen, que las asambleas deben realizar se respetando los usos y costumbres de la población indígena, pero en la práctica esto no se está llevando a cabo.
En Tampaxal, municipio de Aquismón, hicieron exactamente lo mismo. Lo que provocó que las autoridades comunitarias manifestaran su inconformidad ante personal de la Delegación de Bienestar encabezados por Areli García, que arribó al sitio el día 5 de junio y pues solo fueron a pasear, gastar gasolina y viáticos, pues fue inútil su presencia. Las autoridades acaloradamente tuvieron que programar y tal pareciera que los servidores públicos creen que son dueños del rancho y solo dan órdenes a las autoridades indígenas, como si estos fueran sus peones.
Cabe mencionar que estas dos comunidades han denunciado en el poder judicial a la Secretaria de Bienestar y al INPI por los recortes injustificados en su presupuesto del FAIS.
Mientras el impuesto Mario Godoy Ramos, supuesto responsable de la oficina de representación del INPI en SLP, que continúa cuestionado en tribunales federales y en la opinión pública, por no cumplir con los criterios de elegibilidad para ocupar un cargo que correspondería a un indígena de la región; como es costumbre y a nombre de las comunidades ya está comprometiendo los recursos comunitarios con el ayuntamiento de Tanlajas, en obras que este municipio considera prioritarias, pero que no necesariamente se han consultado a las comunidades para mezclar los recursos.
En resumen, las instituciones responsables del programa no solo no están coordinados, sino traen un desorden y continúan cometiendo tropelías en la región. Van atrasados en la realización del proceso asambleario y en consecuencia es evidente que esto va a repercutir en la ministración de los recursos, en la realización de las obras y su correspondiente comprobación. Es clara la incapacidad de estas instituciones y que al final a estas no les preocupa si las comunidades ejercen los recursos en tiempo y forma, y que, por no cumplir quedan fuera del presupuesto 2026, pues ellos como servidores públicos continuaran en sus cargos recibiendo su quincena.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
Adelina Méndez
Victor Mamani
