El Poder Judicial fue ya sometido a un proceso electivo, el cual aún está por calificarse a Hugo Aguilar Ortiz. Mientras, suenan ya las campanas al viento por el probable arribo de una persona de origen indígena a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque el INE, como autoridad electoral, tendrá que decidir si aplica o no la preferencia de género y entonces el poder femenino se alinee en el gobierno, a excepción del Congreso de la Unión. Donde sigue privando el pensamiento patriarcal. Aunque el INE también podría aplicar el principio y garantía de equidad y dar paso a un hombre indígena en el cargo, seria reconocer su dignidad independientemente de su origen o condición social. Pues hombres y mujeres compitieron en igualdad de condiciones, desplazarlo tendría implicaciones políticas de gran costo, pues históricamente los indígenas son discriminados y más por provenir del medio rural, como es el caso.
Independientemente de quien encabece la SCJN, el solo hecho de que un indígena forme parte del máximo tribunal de México, ya es paradigmático. Pues se rompe con el perfil de la burocracia dorada, clasista y racista que tradicionalmente se ha apropiado de la Corte.
Las esferas políticas, incluyendo a la 4T, quedaron estupefactas con el hecho que un indígena al que el racismo sistemáticamente ha calificado como los “sin razón” llegase a ubicarse como el más votado en esta elección, pues la mayoría de los prospectos apostaron electoralmente por los ámbitos sociales que comúnmente deciden el rumbo político, como son la clase media, la población de las ciudades, la academia, etc. Pero no por el voto del México profundo. El voto indígena que comúnmente es invisibilizado en la toma de las decisiones y en la construcción del consenso nacional.
Dice la constitución que; la Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; sin embargo, a pesar de ser los primeros en hecho, a la fecha los pueblos indígenas, son los últimos en derecho. Si piensan que me equivoco solo lean la estadística de pobreza, marginación, de desarrollo humano y social. Estructuralmente los indicadores siguen dándonos bofetadas por la exclusión y la asimilación discriminatoria que viven los pueblos y comunidades indígenas.
Un elemento sustantivo de este contexto es la sistemática e histórica injusticia en todos los ámbitos que se viven en las regiones indígenas del país. Si el México profundo votó en esta confusa y desairada elección, no es solamente porque tenga en costumbre participar y votar en los procesos electorales, sino porque quedar fuera sería peor, de los males el menor.
Se supondría que con la llegada de un indígena a la SCJN tendría que suceder los siguiente:
Profundizar la reforma del poder judicial para que los sistemas normativos indígenas sean plenamente reconocidos y aplicados en todo lo largo y ancho del país, pues a la fecha el pluralismo jurídico que compone al país esta desvalorado, relegado e inaplicado.
Tanto a los grupos de poder, como al actual oficialismo, le aterra el que los pueblos y comunidades opten cada vez más por establecer una autonomía y libre determinación ejerciendo su derecho al autogobierno a través de un proceso electivo basado en sus usos y costumbres. Por ello la negativa del Ejecutivo de no ir por una reforma indígena amplia y profunda, lo que finalmente quedó establecido en el artículo 2°, solo fue un “alcance”, pero no el todo, pues la reforma indígena fue acotada y constreñida. Los 15 artículos que no se reformaron, aún duermen el “sueño de los justos”.
Tal reforma profunda del Poder judicial debería abordar los problemas estructurales de la inexistencia de tribunales especializados en las materias indígenas, la crónica ausencia de traductores e intérpretes en los juicios, la insostenible carencia de defensores públicos y la creación de una infraestructura de procuración, administración e impartición de justicia cercana a los territorios indígenas, pues a la fecha los pueblos y comunidades indígenas están tan lejos de Dios y tan cerca de la injustica.
Finalmente, nuestra estima o no para la persona indígena que arriba a la SCJN, y que está tenga un perfil más o menos identificado con las causas indígenas, pues a la fecha hay duros cuestionamientos; no nos debe limitar y menos satanizarle o mistificarle, pues en el desempeño de sus responsabilidades públicas, quedó atrapado en la maraña de la burocracia política que nos llevó a una reforma indígena a medias, es decir, que nos quedó a deber.
En el actual escenario electoral en el que dicha persona indígena llega a la SCJN con un número de votos significativo, debe ser aprovechado para incidir en los cambios estructurales que deberán hacer con la perspectiva de los derechos humanos, perspectiva intercultural y de género. La cuestión ahora estriba en que el nuevo ministro no sea atrapado por el oficialismo y las razones de Estado, sino luche por reforma judicial amplia y profunda que corresponda al voto del México profundo, pues como dijo Benito Juárez; “Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura”.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
Pintura del artista José Robles.
Adelina Méndez
Victor Mamani
